A LA JUSTICIA

LA OPOSICIÓN PRESENTA UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL INTENDENTE

Dr. Daniel Fernandez

El bloque de concejales justicialistas y el tribuno de cuenta -ante supuestas anomalidades- decidieron presentar una denuncia penal contra el Intendente Héctor Luis Laborde.
Al respecto el Dr. Daniel Fernandez indicó a Emisario: ‘‘Tanto quienes somos concejales como quienes son integrantes del Tribunal de Cuentas tenemos la obligación de, ante la apariencia de circunstancias que pueden configurar delito, formular la correspondiente denuncia penal.
Acá hay un hecho muy claro que es la cuestión del reasfaltado de la Av. Yde que apareció de repente y para sorpresa de todos nosotros pocos días antes de las elecciones del 28 de Junio del 2009, y que se terminó exactamente el día 27 de Junio. Esto no ingresó nunca al Concejo Deliberante hasta que el día 3 de Agosto (como un mes y medio después) la mayoría radical aprobó una Ordenanza en donde se ‘‘aprobaba’’ un acuerdo al que teóricamente había arribado el Intendente Laborde en fecha 23 de Junio con la Dirección Nacional de Vialidad para que esta repartición le aportara hasta $ 2.200.000,oo para la rehabilitación del acceso de la Ruta 7 (Av. Yde).
El municipio debía contratar la obra con la supervisación de Vialidad Nacional. El monto se iba a completar en entregas parciales para lo que había un plazo de al menos 90 días para comenzar la obra desde la fecha del convenio. El 28 de Junio (día de elecciones) la obra estaba finalizada y se aprobó el convenio mediante una Ordenanza de fecha 4 de Agosto de 2009, más de un mes después de haberse hecho el reasfaltado. O sea que a partir de allí se tendría que haber llamado a licitación y después recién adjudicar la obra a la empresa ganadora. Pero sin mediar ordenanza de por medio el Intendente el día 24 de Junio -con la obra a la mitad de su realización- dictó un Decreto secreto (porque nunca fue publicado) donde llamaba a concurso de precios diciendo que era muy engorroso y no había tiempo para llamar a licitación (amparándose en un artículo que no lo ampara, el 9 inc 11 de la Ordenanza de Presupuesto). Lo más gracioso de todo es que la obra se adjudicó el 24 de Julio de 2009, un mes después de haberse concluído... o sea que una empresa ganó la adjudicación de una obra que ya estaba hecha hacía un mes.
Lo más grave de todo esto -más allá de que se violaron todas las formas, no se cumplió con las ordenanzas de contratación, y se mintió sobre la urgencia, es que yo tengo en mi poder un presupuesto por el que -según la planta de asfaltado del ente de intendentes justicialistas- el asfalto en cuestión costaba $ 1.113.000,oo, y acá se pagaron $ 2.200.000,oo. Aquí hubo un acto de corrupción por el cual -supuestamente- manos que no correspondían hicieron que se ‘‘perdieran’’ como $ 1.000.000,oo.
Ante esta sospecha nosotros decidimos formular la correspondiente denuncia penal ante la fiscalía de turno de la ciudad de Río Cuarto’’.
Al especificar cuales son los cargos, el Dr. Fernandez indicó: ‘‘La denuncia es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el Intendente juró respetar la Constitución, las leyes y las ordenanzas de Vicuña Mackenna, cosa que no respetó en materia de contratación. Pero no es solamente eso, sino que hay un delito de falsedad ideológica de instrumento público donde se han falseado las fechas y además hay -a mi entender- malversación de caudales públicos, resultando un hecho de los más graves que ha habido en la historia de Vicuña Mackenna.
Todo esto está comprobado fehacientemente. Yo tengo las copias de todo con las firmas del Intendente , tengo la respuesta del mismo que no me contestó a lo que le pregunté sobre el tema, tengo la respuesta del Secretario de Hacienda con fecha Diciembre del 2009 diciéndome que prácticamente no sabía nada del tema. Todas estas pruebas las pondremos a disposición de la justicia’’.
Al cierre de esta edición (miércoles 30 de Junio) la denuncia (con el aval de concejales y tribuno justicialista) era presentada en los tribunales de la ciudad de Río Cuarto.
El Dr. Fernadez finalizó diciendo: ‘‘Yo quiero que quede en claro que en esta contratación se falseó todo, no se respetó ninguna norma legal, que el Tribunal de Cuentas observó la Orden de Pago (porque ya vinieron los $2.200.000 y fueron girados al Banco Patagonia) y que -según lo aceptado en el convenio- cualquier daño que produzca esta obra el responsable no es el Estado Nacional sino el municipio de Vicuña Mackenna, con todos los potenciales riesgos que ello presume’’.